En plena crisis abundan los encargos de asuntos en los que se hace necesaria una práctica pericial para ayudar en la determinación de razón en la procedencia de un despido. Sucede tan a menudo que, de nuevo, nos preguntamos por qué no se consulta con un analista o un perito antes de tener que llegar a los juzgados.
Por costes, por comodidad, tiempo y reputación de las empresas y los trabajadores, aconsejamos la consulta con un experto en prácticas laborales, jurídicas o tecnológicas antes de proceder a despidos improcedentes, vulneraciones de derechos de privacidad e intimidad. Aunque, cierto es, con frecuencia se parte del desconocimiento legal más que del tecnológico.